El asesinato, el martes pasado, de dos de los colaboradores más cercanos, en afecto y trabajo, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, provocó en las primeras 24 horas de haberse cometido el crimen una revelación involuntaria de ella y del secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez, quienes exteriorizaron su sentir sobre que el atentado había sido resultado del combate contra las organizaciones delictivas en la capital federal. Poco después del doble homicidio, Brugada aseguró que su gobierno continuaría “con su lucha implacable contra la inseguridad”, frase que perdió ambigüedad al día siguiente, cuando Vázquez ubicó el crimen contra Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Gómez, su principal asesor político, en el contexto de la lucha contra las bandas criminales en la capital federal. “No daremos ni un paso atrás”, enfatizó, prometiendo que “ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México”.
Con la investigación en sus primeras horas y sin los peritajes terminados, los funcionarios eliminaron en los hechos las hipótesis de trabajo que tendrían que haber sido incorporadas: conflictos personales o políticos como probables móviles del crimen. Aunque, la verdad, estamos bastante acostumbrados a tener asesinatos de alto impacto, sin saber nunca qué los provocaron. Brugada y Vázquez, sin embargo, se brincaron esa fase y lo perfilaron como una venganza contra las autoridades locales. Aun así, está poco claro el perfil de quién ordenó las muertes. La afirmación de Vázquez −el crimen como respuesta al combate frontal a los delincuentes− tiene un punto débil: quienes responden de esa manera no son las bandas, sino los cárteles de las drogas y lo hacen de manera directa.
El Cártel de Sinaloa quiso matar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era el encargado de delincuencia organizada en la entonces Procuraduría General de la República, pero logró evadir un bazucazo que le dispararon cuando iba rumbo a la oficina. La misma organización mató a dos de los mandos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que estaban golpeando a los líderes del cártel. También buscó matar al jefe de la Policía de la Ciudad de México en 2008, pero la bomba que iban a colocar debajo de su auto explotó antes por el mal manejo al transportarla. En 2020, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo cerca de morir en un ataque de un grupo numeroso de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con ese patrón, quienes debieron haber sido los objetivos naturales de un atentado de esta envergadura, eran Vázquez mismo o la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
Guzmán y Gómez se salían completamente del perfil como enemigos frontales de los cárteles. Adicionalmente, quien los escogió como objetivos sabía perfectamente que sus muertes golpearían a Brugada en el centro, lo que lleva a la pregunta de quién, con esa capacidad de fuego y la organización para poder huir con éxito y apostar con certeza a la impunidad −aunque caigan los autores materiales−, pudo haber escogido blancos tan precisos para enviar un mensaje directo y personal a la jefa de Gobierno. Brugada y Vázquez, por sus palabras, parecen haber decodificado de esta manera el atentado, por lo que hay que entender que en esta línea de argumentación, la siguiente no será una advertencia, sino una acción directa. Esta línea lleva a la siguiente pregunta sobre por qué advertir y no matar. Experiencias en otras ciudades, o incluso países, tienen como común denominador que quienes reciben ese tipo de advertencias es porque incumplen un pacto y esperan a que se corrija. Incumplir puede ser visto como una traición, pero esta lleva directamente a un atentado con fines letales, mientras que el mensaje radical busca corrección al acuerdo violado.
