Título: Aplicación CBP One pone en riesgo a miles de personas: lo que debes saber
SAN DIEGO.
Hace un año, Andrea huyó de la sierra de Guerrero y tras meses de espera en la frontera de Tijuana, logró ingresar a Estados Unidos con libertad condicional por motivos humanitarios mediante la aplicación móvil CBP One. Para ella, esta herramienta tecnológica fue una bendición que le permitió acceder a una oportunidad que de otra manera le hubiera sido inalcanzable. Sin embargo, un giro inesperado ha puesto en peligro su estatus y el de otros miles de solicitantes de asilo que recurrieron a esta aplicación.
El presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva que desconoce la libertad condicional de aquellos que ingresaron al país con la aplicación CBP One, colocándolos como prioritarios para deportación. Esta decisión ha dejado a Andrea y a otros 531,690 solicitantes de asilo en una situación de incertidumbre y temor. Ante la posibilidad de ser deportada, Andrea se encuentra en una encrucijada, evaluando sus opciones y descartando regresar a Guerrero, su lugar de origen, por considerarlo demasiado peligroso.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS), que bajo la presidencia de Joe Biden otorgó libertad condicional a estos solicitantes, ahora tiene en su poder la información confidencial de todos aquellos que recurrieron a la aplicación CBP One. Tom Homan, zar de la frontera, ha anunciado que se llevarán a cabo redadas para identificar y deportar a estas personas, generando un clima de tensión y preocupación entre la comunidad inmigrante.
Las órdenes de Trump también abarcan a indocumentados y residentes legales en el país que se encuentran en prisión, así como a los solicitantes de asilo con libertad condicional humanitaria que hayan estado menos de dos años en Estados Unidos. Esto incluye a quienes utilizaron la aplicación CBP One desde su lanzamiento en mayo del 2023, así como a aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular y solicitaron asilo al DHS.
La situación se ha agudizado con la noticia de que la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Bravo ha deportado a 735 indocumentados de nueve países de Centro y Sudamérica en tan solo dos días. Gloria I. Chávez, jefa del CBP en el Sector del Valle del Río Grande, informó que estos individuos fueron repatriados tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, lo que refleja la presión que enfrentan las autoridades migratorias para cumplir con las políticas de deportación establecidas.
En medio de esta crisis migratoria, Andrea se siente frustrada y agotada, pero al menos encuentra consuelo en no regresar a Guerrero, donde su vida correría peligro. Su historia, al igual que la de miles de personas afectadas por estas medidas, pone de manifiesto la complejidad y la humanidad detrás de las políticas migratorias. Mientras tanto, el futuro de quienes confiaron en la aplicación CBP One para buscar una vida mejor en Estados Unidos queda en vilo, a la espera de decisiones que definirán su destino.
