En una demanda federal presentada el jueves en Massachusetts, una coalición de 20 estados y Washington D.C. impugna los despidos realizados por la administración de Trump en el Departamento de Educación. Alegan que estos despidos son tan severos que la agencia ya no puede funcionar adecuadamente ni cumplir con sus obligaciones legales, lo que resultará en una pérdida o retraso de fondos federales para las escuelas públicas, entre otras interrupciones importantes.
La demanda, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostiene que los recortes propuestos por la administración perjudicarán los servicios necesarios para los estudiantes y las familias. James afirmó: «Este esfuerzo escandaloso por dejar atrás a los estudiantes y privarlos de una educación de calidad es imprudente e ilegal. Hoy estoy tomando medidas para detener esta locura y proteger nuestras escuelas y a los estudiantes que dependen de ellas».
La coalición de estados demócratas está tomando una posición firme contra los recortes en el Departamento de Educación, argumentando que solo el Congreso tiene el poder de cerrar la agencia o desmantelar su trabajo esencial. La demanda destaca la preocupación por la capacidad del departamento para administrar la ayuda financiera para universidades, hacer cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas y cumplir con otras responsabilidades clave.
El presidente Donald Trump, un crítico acérrimo del Departamento de Educación, ha expresado su deseo de cerrar la agencia, calificándola de derrochadora y excesivamente influenciada por el pensamiento liberal. Sin embargo, la coalición de estados demócratas argumenta que los despidos masivos propuestos por la administración no solo son imprudentes, sino también ilegales, y tendrán un impacto negativo en la educación de los estudiantes en todo el país.
Un portavoz del Departamento de Educación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda presentada por la coalición de estados demócratas. A pesar de los recortes y los despidos anunciados, el departamento ha insistido en que continuará cumpliendo con sus obligaciones legales y trabajando para garantizar que los estudiantes reciban la educación que merecen.
Los despidos en el Departamento de Educación han generado preocupación entre los empleados, algunos de los cuales han dejado sus puestos a través de ofertas de compensación y la terminación de empleados en período de prueba. Con un despido de 1.300 personas anunciado recientemente, el departamento se quedará con aproximadamente la mitad de los 4.100 empleados que tenía cuando el presidente Trump asumió el cargo.
En medio de esta controversia, la coalición de estados demócratas continúa su lucha para proteger los servicios educativos y garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. La demanda presentada en Massachusetts es un paso importante en este proceso, y se espera que genere un debate significativo sobre el papel del gobierno federal en la educación y el impacto de los recortes presupuestarios en el sistema educativo.
