En una operación llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la madrugada del 21 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un total de 137 ejemplares de vida silvestre que estaban siendo contrabandeados con destino a Tokyo-Narita, Japón. Entre los animales decomisados se encontraban 121 tortugas y 16 ranas, ocultas en calcetines y recipientes de plástico dentro de dos maletas.
El rescate de estos ejemplares fue posible gracias a la intervención de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina y a la alerta emitida por la aerolínea, que identificó un contenido sospechoso en el equipaje mediante una revisión con rayos X. Las especies rescatadas incluían tortugas de caja, tortugas de monte, tortugas chacarita cora, tortugas chopontil, tortugas pecho de carey y ranas árbol coronadas.
Según la normativa vigente en México, la mayoría de estas especies están protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010 y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Solo las tortugas pecho de carey y las ranas árbol coronadas no están clasificadas en estas regulaciones.
A pesar de que las tortugas parecían estar en buen estado físico, con extremidades completas y una respuesta normal a los estímulos, las ranas mostraban signos de aletargamiento, aunque no presentaban lesiones visibles. Ninguno de los ejemplares tenía un sistema de marcaje que pudiera verificar su procedencia legal, lo que llevó a la Profepa a realizar un aseguramiento precautorio en el marco de su Programa de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras.
La falta de documentación legal de los animales ha llevado a la Profepa a iniciar acciones legales contra la persona responsable de transportar las maletas con los ejemplares. Según el Código Penal Federal, el tráfico de especies protegidas puede acarrear penas de prisión de 1 a 9 años y multas de 300 a 3,000 días de salario. En casos de tráfico con fines comerciales o que afecten áreas naturales protegidas, las penas pueden aumentar hasta 3 años de cárcel y 1,000 días adicionales de multa.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell ha condenado firmemente este intento de tráfico ilegal y ha asegurado que la Profepa tomará todas las medidas legales necesarias para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias penales. «Las consecuencias del tráfico de especies son terribles para las poblaciones, ya que afectan inmediatamente su capacidad reproductiva. Además, se suma el profundo estrés que sufren los animales al ser separados de su grupo y empaquetados», afirmó la procuradora.
